La Ley Karin (Ley Nº 21.643) introdujo importantes modificaciones en materia de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, estableciendo reglas aplicables también a los funcionarios públicos. En el sector público, estas materias pueden dar lugar a investigaciones y sumarios administrativos destinados a determinar eventuales responsabilidades disciplinarias.

La ley modificó expresamente el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, incorporando reglas especiales para la investigación y tramitación de sumarios administrativos vinculados a estas conductas. Entre otros aspectos, reforzó la protección de las personas involucradas, estableció medidas de resguardo y reconoció una participación más activa de la persona denunciante durante determinadas etapas del procedimiento.

La asesoría jurídica puede resultar necesaria tanto para quien formula una denuncia y se considera víctima como para el funcionario que ha sido denunciado o sometido a investigación. Ambas posiciones presentan problemas jurídicos y probatorios distintos y requieren conocer los derechos, garantías y posibilidades de intervención que existen durante el procedimiento.

Para la persona denunciante, la Ley Karin reconoce derechos específicos frente a determinadas decisiones. Por ejemplo, cuando se aprueba un sobreseimiento, la resolución debe serle notificada y puede reclamar ante la Contraloría General de la República dentro del plazo de veinte días. Asimismo, puede reclamar frente a determinadas resoluciones que absuelvan o apliquen medidas disciplinarias respecto de los hechos investigados.

Para el funcionario investigado, la formulación de imputaciones por acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo puede tener consecuencias disciplinarias relevantes. La defensa requiere revisar el expediente y la prueba reunida, analizar los hechos atribuidos, controvertir las imputaciones cuando corresponda y ejercer oportunamente el derecho a presentar descargos y prueba. Estos sumarios administrativos deben compatibilizar la protección de la persona denunciante con las garantías del debido proceso y del Derecho Disciplinario aplicables al funcionario investigado, lo que puede generar una especial complejidad jurídica y probatoria.

En Defensa Funcionarios prestamos asesoría jurídica y representación tanto a denunciantes como a funcionarios investigados en procedimientos vinculados a la Ley Karin, considerando las particularidades del régimen disciplinario aplicable.

Si participa como denunciante o investigado en un procedimiento por Ley Karin, contáctenos para recibir asesoría legal especializada.