Recurso de Protección

El Recurso de Protección es en la actualidad la principal vía para recurrir la intervención de los Tribunales Superiores de Justicia ante actuaciones ilegales, arbitrarios o faltas de fundamento por parte de la Administración del Estado. El Recurso de Protección ampara, entre otros derechos, el de Igualdad ante la Ley o el Derecho de Propiedad, pero ha sido la jurisprudencia de las Cortes las que han consagrado la protección de otros derechos, como el del Debido Proceso, lo que ha permitido que actos arbitrarios o indebidamente fundados puedan ser sometidos a la jurisdicción y protección del Poder Judicial.

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Contencioso Administrativo

Los funcionarios públicos afectados por actos o decisiones arbitrarias, ya sea a través de un procediendo administrativo sancionador o a través de una resolución que implique un detrimento en los derechos del funcionario o que ponga fin a su carrera funcionaria puede ser recurrido judicialmente a través del Recurso de Protección, el cual protege a los ciudadanos, incluidos, por supuesto, a los funcionarios públicos de actos de la autoridad en los cuales hay un abuso, una desviación de fines o motivaciones arbitrarias. En el actual ordenamiento jurídico, la acción o recurso de protección, es en la práctica el contencioso administrativo más eficaz y eficiente para proteger los derechos de los funcionarios públicos una vez agotada la vía administrativa.

Asesoría Especializada

Los abogados de Defensa Funcionarios cuentan con amplia experiencia en la presentación de Recursos de Protección a favor de funcionarios públicos; además, contamos con la asesoría externa de abogados con amplia experiencia tanto en el Tribunal Constitucional como en la academia para casos de alta complejidad. La defensa de los intereses de nuestros clientes es nuestra principal motivación.         

COntáctanos

Como en todo procedimiento civil, el Juicio de Cuentas tiene dos partes, el funcionario demandado que recibe la denominación de “cuentadante” y como demandante el Fiscal de la CGR. La demanda se interpone por el jefe de la oficina de la CGR o por el contralor regional que realizó el respectivo examen de cuentas.

Los cuentadantes pueden comparecer personalmente o patrocinados por un abogado.

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